PDVSA impuso sus intereses en la creación de la Refinería del Pacífico

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El 7 de enero se cumplieron once años desde que Petroecuador y la venezolana PDVSA firmaron en 2008 el memorando de entendimiento para crear la compañía de economía mixta Refinería del Pacífico RDP Compañía Mixta, la cual fue constituida legalmente en julio de ese mismo año.

La Refinería del Pacífico, hoy denominada Refinería de Manabí, fue uno de los proyectos con mayor ambición del gobierno anterior. Fue pensada para procesar 300.000 barriles de crudo al día, especialmente de origen venezolano.

El tiempo transcurrió sin que el gobierno de entonces, y también el actual, consiguiera el financiamiento necesario que cubriera los $ 14.100 millones presupuestados inicialmente para el proyecto.

Al cabo de más de una década solo existe un extenso terreno aplanado, obras tempranas, el acueducto La Esperanza y un cuestionable manejo gerencial, además de procesos legales vinculados a actos de corrupción.

Alrededor de $ 1.531 millones se gastaron en todo ese tiempo, según la firma RPS Energy LTD (Reino Unido) avalada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Ecuador) para hacer una evaluación técnica y económica.

Unos $ 395 millones se distribuyeron en estudios, ingenierías y licencias; $ 218 millones en gerenciamiento; $ 678 millones en obras tempranas; $ 84 millones en gastos operativos; y $ 157 millones en impuestos.

El informe de RPS señala que el 44% de la inversión ($ 678 millones) se destinó a obras tempranas (terrenos, vías y campamento, plataforma y acueducto).

Sin embargo, fue una “equivocada decisión proceder con las obras tempranas antes de asegurar la decisión de financiamiento del proyecto”, dice el informe. Para llevar a cabo la evaluación la firma recibió 500 documentos, pero luego de revisar su contenido determinó que al menos el 70% de los papeles no eran relevantes para el análisis.

Faltó importante información relacionada a estudios de confiabilidad de la planta eléctrica, estudios geotécnicos que justifiquen el tipo y volúmenes de movimientos de tierras contratados, bases del diseño del acueducto, y documentos con los justificativos para adelantar obras tempranas, entre otros.

Sobre el acueducto La Esperanza, por ejemplo, se indica que ni siquiera tiene un mantenimiento reactivo a consecuencia de una “absoluta falta de presupuesto”, de acuerdo a declaraciones de operadores.

La evaluadora reconoce que si bien las instalaciones son de excelente calidad técnica y nuevas, “es solo cuestión de tiempo hasta que se produzcan inconvenientes mayores”.

Incluso, no se descarta que si no se atienden las anomalías a futuro se comprometa el abastecimiento de agua dulce a los municipios de Manta, Jaramijó y Montecristi. Los principales costos operativos de la Refinería corresponden al mantenimiento del acueducto.

En esta obra también se detectaron pagos ilícitos a Odebrecht. Fue inaugurada en diciembre de 2016 por el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de sobornos de la constructora.

Los hallazgos presentan múltiples sobreprecios y ponen en entredicho la fiscalización, por un posible conflicto de intereses.

Una de las novedades es que el terreno fue dado en comodato a Yachay, sin que exista justificación alguna, dijo Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

El informe expone que Petroecuador, pese a poseer el 51% de las acciones, no tuvo una participación protagonista. Primaron los intereses de PDVSA.

La visualización del proyecto quedó casi exclusivamente en la petrolera venezolana, sin que Petroecuador haya objetado la viabilidad del tamaño y capacidad.

Los objetivos de cada socio “nunca estuvieron alineados entre sí”. Para RPS la refinería, tal como fue concebida en 2008, “no era bancable ni adecuada para atender las necesidades de Ecuador”.

La empresa sugiere que antes de archivar o reiniciar la refinería debe someterse a un proceso de reinvestigación, reenfoque y revisión, y reutilización, a fin de no comenzar desde cero.

En agosto de 2017, el presidente Lenín Moreno dispuso a Carlos Pérez buscar inversión privada y si no la conseguía, debía descartarse el proyecto. El Gobierno no ha tenido éxito. PDVSA planteó un arbitraje en contra de Ecuador, lo cual frena el interés de inversores.

La búsqueda de financiamiento entre varias firmas internacionales se hizo con un proyecto revalorado en $ 11.000 millones. Actualmente se estudia cambiar su ubicación a un sitio más cercano al mar y con menor capacidad (110.000 barriles diarios). (El Telégrafo)

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