Odebrecht: Ecuador busca recuperar 50 millones

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Luego de un análisis al caso Odebrecht, en el que ahora es acusador particular, la Procuraduría estimó un perjuicio al Estado superior a los 50 millones de dólares, producto de las actividades ilícitas de la compañía en contubernio con varias autoridades ecuatorianas. Así lo aseguró el procurador, Diego García, quien aspira a recuperar esa cantidad una vez que la Justicia dictamine el monto de la reparación integral al Estado.

De acuerdo con el funcionario, las coimas pagadas por Odebrecht a diferentes funcionarios a cambio de favorecerse con la adjudicación de contratos estatales de construcción en el país supera ampliamente los 35 millones de dólares de los que se habló inicialmente.

En detalle, por la adjudicación del contrato para la hidroeléctrica Manduriacu se pagó una coima de 3,8 millones; por el poliducto Pascuales-Cuenca, 2,1 millones; por el trasvase Daule-Vinces, 7 millones; por la preparación para el movimiento de tierras en la fallida refinería del Pacífico, 7,7 millones y para el acueducto La Esperanza, 900.000 dólares.

Finalmente, 10,1 millones de dólares fueron pagados al excontralor Carlos Pólit, para que elimine glosas administrativas del proyecto hidroeléctrico San Francisco, según el testimonio del delator de Odebrecht.

Los encarecimientos

Lo que el Estado pagó por varias de las obras entregadas a la brasileña Odebrecht supera considerablemente el presupuesto inicial. Los incrementos, dependiendo la obra, oscilan entre el 14% y el 109%. La lista la encabeza la hidroeléctrica San Francisco, cuyo presupuesto inicial estaba estimado en 286,8 millones de dólares, pero terminó costando 600, lo que implicó un incremento del 109%.

Esta hidroeléctrica tiene su historia. En 2007, Odebrecht terminó su construcción en Tungurahua. Pero siete meses después de su inauguración enfrentó graves problemas y la Contraloría estableció una serie de irregularidades en el proyecto, de acuerdo al informe DIAPA-0039-2008.

Por estas irregularidades, los auditores expidieron nueve glosas por 103 millones de dólares, que debían ser cubiertas por la constructora. También se establecieron indicios de responsabilidad penal en contra de los directivos de la empresa Hidropastaza (administradora estatal del proyecto) por utilización de recursos públicos “para realizar pagos en forma irregular y sin justificativo” a Odebrecht. El 23 de septiembre de 2008, el Gobierno expulsó a la firma brasileña. Sin embargo, luego del informe favorable de la Contraloría y la Procuraduría, y tras la negociación del Gobierno, liderada por el vicepresidente, Jorge Glas, según testimonio de Alexis Mera, la empresa volvió y tuvo muchos contratos más con iguales condiciones. 

Los ajustes al presupuesto inicial deben ser autorizados por las entidades de control ecuatorianas y solo se podría hablar de sobreprecio tras un examen especial de Contraloría.

Luego que la entidad de control lo determine se podrían establecer responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales. La Ley establece que se puede exigir que los funcionarios involucrados asuman su responsabilidad en un plazo de hasta siete años después de firmado el proceso.

Fuente: La Hora

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