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Si Hugo Chávez hubiese podido leer esta noticia sería inmensamente feliz: Globovisión tira la toalla. Guillermo Zuloaga, el presidente y accionista mayoritario del único canal frontalmente crítico con el poder Ejecutivo, se declara “acosado por el Gobierno” y forzado a aceptar una oferta de compra por parte del empresario venezolano Juan Domingo Cordero. Zuloaga puso como condición que la venta se materialice solo después del 14 de abril, día de las presidenciales. A partir de ese día, si el candidato oficialista Nicolás Maduro ganase las elecciones, se encontrará un panorama idílico en el espectro televisivo: canales del Estado puestos al servicio del Gobierno de forma permanente y ninguno privado donde se critique de forma constante al Gobierno, tal como hace Globovisión.
La noticia se extendió el sábado y el domingo en forma de rumor. Pero la emisora rehusó emitir ningún comunicado. Hasta que Carlos Zuloaga, vicepresidente de la empresa, leyó ayer a los trabajadores una carta enviada por su padre, el presidente Guillermo Zuloaga, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos.
En la carta, Zuloaga reconoce que el año pasado el canal hizo todo lo posible “para lograr que la oposición ganara las elecciones de octubre”. “En Globovisión lo hicimos extraordinariamente bien y casi lo logramos, pero la oposición perdió. Eso nos puso en una situación muy precaria como canal y como empresa”. A eso se añadía, según Zuloaga, la presión de los “procedimientos judiciales” que el Gobierno emprendió contra el canal con la “complicidad” del Tribunal Superior de Justicia y el vencimiento de la concesión de la licencia en dos años, “sin que se vea posibilidad de renovación”.
“Somos inviables económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja. (…) Somos inviables políticamente, porque estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un Gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar. Somos inviables jurídicamente porque tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla. Todo lo contrario, estamos acosados por las instituciones del Estado, apoyadas en un TSJ (Tribunal Superior de Justicia) cómplice que las ayuda y colabora en todo aquello que nos pueda perjudicar”, reza la misiva.
El presidente de la empresa, Guillermo Zuloaga, informó en la carta dirigida a la plantilla de 500 empleados que se vio “obligado a buscar posibles soluciones”, se reunió sin éxito con varias personas y grupos hasta que hace tres semanas: “Fui contactado por el doctor Juan Domingo Cordero, a quien conozco desde hace muchos años y lo conozco como un hombre de éxito en el mundo financiero”, señaló.
Globovisión transmite en señal abierta solo en Caracas y la ciudad venezolana de Valencia, pero llega a todo el país a través de los sistemas de televisión por suscripción y tiene una gran influencia en la formación de la opinión pública. El Gobierno la acusó siempre de haber tenido una participación muy activa en el desarrollo del golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez en 2002. De hecho, en determinados ambientes oficialistas al canal le solía llamar Golpevisión.
Globovisión es el único canal al que no asisten portavoces del Gobierno, por no compartir su combativa línea editorial. Y el único que suele transmitir de forma íntegra y en directo las informaciones emanadas de la opositora Mesa de la Unidad, la coalición de unos 20 partidos que ha elegido como candidato presidencial a Henrique Capriles. Los otros canales de capital privado y de alcance nacional, como Venevisión y Televen, hace años que comenzaron a reducir al máximo sus espacios informativos.
Horas antes de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente encargado, el país se enteró de la postura de Capriles Radonski a través de una transmisión realizada por Globovisión. Los canales oficiales emitían las exequias del presidente Chávez y las demás emisoras ofrecían su programación regular.
La directora del canal, María Fernanda Flores, recordó a este periódico las presiones que viene recibiendo el canal desde 1999, cuando Chávez llegó al poder. Desde entonces, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió ocho expedientes administrativos al canal. Recientemente, Globovisión se ha visto obligada a pagar una multa de dos millones de dólares para que el Tribunal Supremo de Justicia no hiciera efectivo un embargo de sus bienes. Fue el final de una pugna con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que consideró que en su cobertura de la crisis penitenciaria de El Rodeo, en junio de 2011, el canal había hecho apología del delito.
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