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La ‘conveniencia’ de trasladar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otro país forma parte de los acuerdos logrados ayer por la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Derechos Humanos, celebrada en Guayaquil. Esto, luego de que el presidente, Rafael Correa, hizo esta propuesta en la mañana y sugirió que sea Argentina.
Al final del conclave, el canciller, Ricardo Patino, dio lectura a 8 puntos acordados entre los países concurrentes a la cita.
El punto 6, que se refiere al cambio de la sede, señala: “Considerar la conveniencia de que la sede de la CIDH esté ubicada en un Estado parte de la Convención”.
El punto 1 detalla la ‘necesidad’ insistir en la importancia del equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los estados que forman parte de la OEA. Frente a ello, acordaron promover estímulos positivos para lograr la adhesión de todos los estados miembros al Pacto de San José.
El mismo punto señala la designación de una delegación de cancilleres de los estados parte para que realicen gestiones directas con aquellos estados que no son miembros. En ese marco, demandan, que la Comisión se forme con miembros nacionales de los países que hayan ratificado la Convención.
También se convocó a los países a asumir el financiamiento del sistema, a través del presupuesto de la OEA.
El acuerdo abarca la necesidad de considerar que todas las relatorías sean especiales. Y demandan del Secretario General un análisis de los costos. Por último, se encarga a Ecuador las coordinaciones necesarias para llevar a cabo la próxima conferencia de los estados parte.
Propuesta previa
El presidente, Rafael Correa, propuso en la mañana a Argentina como país sede y dijo que eso demandaría un financiamiento de 15 millones de dólares.
Esto, en el marco de su discurso de apertura de la reunión, con la presencia de representantes de 19 países miembros del sistema interamericano.
Tras una larga alocución, que incluyó fuertes críticas a los medios de prensa independientes, mencionó la necesidad de restringir la capacidad del ente para emitir medidas cautelares.
En la cita fue más visible le presencia del canciller de Bolivia, Raúl Choquehuanca, pues el resto de delegados fueron anunciados con cargos de viceministros y embajadores, en algunos casos.
El Mandatario demandó que la Comisión salga de EE.UU., “un país que no es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no reconoce el Sistema Interamericano, ni es firmante del Pacto de San José”.
También reiteró su propuesta de que el financiamiento salga exclusivamente de los estados que han firmado la Convención.
“Se requieren 15 millones para financiar a la CIDH y si algún país tiene algún problema para aportar a este financiamiento, Ecuador suplirá esa cuota”, anunció.
“Todos sabemos que aquel que financia impone las condiciones”, dijo.
Correa, cuyas palabras eran aplaudidas por invitados de su agrupación política (asambleístas y dirigentes), aseguró que el “Estado ecuatoriano no reconoce la capacidad de la CIDH para imponer medidas cautelares y sólo reconoce la de la Corte, que sí las tiene”.
Tras el cierre del discurso del Jefe de Estado, ninguno de los asistentes pudo pronunciarse sobre la propuesta. Esto, porque se retiró a los medios de comunicación de la reunión.
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