Por Walter Spurrier 

El Gobierno denuncia la decisión “ilegítima” del Ciadi, y apelará. La sensación es que este organismo del Banco Mundial favoreció a la multinacional y perjudicó al país.

El 5 de octubre, un tribunal arbitral del Ciadi falló que el Ecuador no tuvo la razón en el 2006 cuando declaró la caducidad del contrato de Occidental. Que lo que hizo equivale a una confiscación, y debe pagar 1.771 millones de dólares más intereses, un valor aproximado total de 2.200 millones de dólares.

Occidental firmó un acuerdo con EnCana, otra petrolera en el Oriente, mediante el cual esta pagó para adquirir derechos a parte de la producción de Occidental. Se trata de una operación rutinaria en la industria petrolera. Pero en el Ecuador requiere autorización previa, que no se solicitó.
La opinión de la mayoría arbitral es que como no se solicitó autorización, la operación no tuvo efecto legal; que las obligaciones de Occidental y EnCana con el Gobierno ecuatoriano no variaban, porque el acuerdo carecía de validez.

Cabía entonces quizá una multa además de ratificar la invalidez del contrato. Pero no hacerse de un activo tan valioso sin compensación.
El Gobierno denuncia la decisión “ilegítima” del Ciadi, y apelará. La sensación es que este organismo del Banco Mundial favoreció a la multinacional y perjudicó al país.

Aunque el laudo le da la razón a Occidental, el monto de la indemnización es muy inferior al incremento de la renta petrolera estatal como consecuencia de la caducidad. Fue un buen negocio. La decisión del Ciadi le da algo a cada parte. Occidental recobra algo de lo perdido, el Gobierno paga menos de lo que ganó.

Para calcular el valor presente del valor del negocio de Occidental que le arrebató el Gobierno, se utilizó el precio de cuando se declaró la caducidad, mayo del 2006. El precio del crudo ecuatoriano promediaba $ 57,20/b, lo que a precios de hoy viene a dar 66 dólares. Con la misma metodología podemos decir que el crudo ha promediado 79 dólares de entonces a acá. O sea, se compró a un 16% más barato de lo que en realidad vale.

Si bien el Ciadi sostiene que no cabía la caducidad, y equivale a confiscación, considera que Occidental y EnCana cometieron una infracción al no solicitar el permiso de las autoridades, por lo que tienen parte de la responsabilidad. Por esa responsabilidad le recortan en 25% el valor que les tocaba según el avalúo.

El Dr. Alfredo Palacio, el presidente que dispuso la caducidad, declara que la misma solo en el 2006 causó un incremento de 2.600 millones de dólares en los ingresos del Estado. Los ingresos de un año habrían bastado para cubrir el pago a Occidental.
Aun si este cálculo es exagerado, lo cierto es que con la caducidad y el fallo Occidental pierde frente a lo que hubiera ganado si continuaba operando.

El presidente destaca como justa la posición de la árbitro disidente. Pero la jurista francesa no sostiene que procedía la caducidad, sino que la compensación no debería incluir la producción que fue objeto del contrato entre las petroleras. Que la indemnización debía ser menor en 40%.
El fallo fue salomónico. El problema reside en que el Gobierno se gastó toda la plata, y el día que se agoten las apelaciones, deberá pagar un dinero que no tiene.

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Comentarios (1)

	1. 01-11-2012 10:02
	Como siempre Excelente analisis Registered

oscar

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