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El legislador de Pachakutik, Cléver Jiménez, condenó el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que le obliga al Ecuador a pagar a la transnacional Occidental, la suma de U$ 2.301´191.681, incluyendo U$ 1.769 millones por indemnización y U$ 531 millones por intereses, hasta la fecha; Jiménez, adelantó que la cifra llegaría a U$ 2 mil 500 millones incluyendo costos de abogados, peritos e intereses por mora.
Al mismo tiempo Jiménez calificó de vergonzosa y antinacional la defensa del Ecuador, por lo que exigió a la Asamblea Nacional la apertura de un proceso de fiscalización de las actuaciones del ex Presidente Alfredo Palacio, del mandatario Rafael Correa, de la ex canciller María Fernanda Espinosa, de los ex Procuradores José María Borja y Javier Garaicoa, y del actual, Diego García.
Jiménez mediante boletín de prensa desnudó la contradicción del gobierno, que fustiga a la partidocracia y supuestamente condena el Tratado de Protección de Inversiones con EEUU, pero le premia a uno de los autores, Carlos Vallejo, como Embajador en Italia. El referido tratado fue aprobado por el Congreso Nacional en 1994, sin leerlo y violando el artículo 16 de la Constitución, vigente a esa fecha, la cual no permitía ceder jurisdicción; tanto así que se debió esperar 3 años, hasta 1997, para que sea promulgado en el Registro Oficial, luego de una antinacional reforma al citado artículo 16, viabilizando al arbitraje externo… “cuando se trate de convenios internacionales”.
El asambleísta zamorano acusó al gobierno de doble discurso, pues hasta la fecha no ha denunciado el tratado de protección de inversiones con EEUU, que venció en abril de 2007 al cumplirse 10 años, y debía ser denunciado un año antes, es decir en abril de 2006 o posteriormente, la misma fecha de la caducidad contractual de Occidental, dijo Jiménez.
Uno de los aspectos centrales del cuestionamiento de Jiménez, es el hecho de haber participado en el arbitraje, legitimando y reconociendo el mismo, pese a que jamás se dio el consentimiento por escrito de parte del Ecuador. El Tratado exige que el proceso de arbitraje debe ser notificado a las partes y por ESCRITO las partes deben dar su aceptación, lo que no se ha hecho hasta el momento, sin embargo fueron a litigar y reconocieron en la práctica el arbitraje, el CIADI planteó a Ecuador el 7 de Junio que remita por escrito la aceptación, informó Jiménez.
El presidente Correa cambió de discurso, de desconocer el arbitraje acusando de traidores a quienes así lo hagan, y acabó aceptando el arbitraje y la indemnización a la transnacional. El asambleísta, recordó, que en ese camino se contrató como abogado del Estado a Alberto Wray quien venía de emitir un Laudo en calidad de árbitro a favor de la compañía REPSOL en contra del Estado ecuatoriano.
La defensa del Ecuador acabó pagando un perito extranjero para que junto al de Oxy nos condene a pagar U$ 2.359 millones, de los cuales el CIADI rebaja 500 millones por sanción a Oxy, dejando U$ 1.759 millones de indemnización, más intereses, basado en un volumen de reservas probadas de 227 millones de barriles, hasta el 16 de mayo de 2006, lo cual es inconstitucional porque las reservas de crudo son de propiedad inalienable del Estado.
El CIADI considera que la decisión de Ecuador de expulsar a Occidental, tuvo un trasfondo político, y fue utilizado como represalia por el Laudo del IVA, resuelto a favor de la transnacional en la Corte de Londres. Un aspecto importante señalado por el Tribunal es el del trato discriminatorio, cuando el Ecuador actuó de forma distinta, perdonando la caducidad a Petrobras y otras compañías extranjeras que habían incurrido en situaciones similares. El Tribunal considera que Ecuador debió buscar una salida negociada, un acuerdo con Occidental, orientado a mejorar la participación económica para el país, y no proceder de la forma como lo hizo.
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