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Ante ello solicitará la comparecencia de varios funcionarios y ex funcionarios a la Asamblea Nacional para que respondan por sus actos. Además calificó el pedido de nulidad del Laudo, como una cortina de humo, para postergar el impacto y trasladar el costo económico y político al nuevo gobierno.
Los candidatos presidenciales no pueden guardar silencio ante un hecho tan grave como este Laudo, dijo. Estamos hablando de un monto superior al del más grande proyecto hidroeléctrico, Coca Codo Sinclair, el país entero debe preocuparse y exigir cuentas, de dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero, cuando el petróleo se acaba en 10 años y una parte de ese crudo está comprometido para pagar créditos chinos hasta el año 2016, agregó el asambleísta mediante boletín de prensa.
El ex Presidente Alfredo Palacio y el Presidente Rafael Correa deberán responder por escrito un petitorio amplio sobre las instrucciones dadas a sus funcionarios inferiores, primero desconociendo el arbitraje del Ciadi y luego aceptando, participando y legitimando el proceso.
Especialmente Correa deberá explicar la carta del 13 de diciembre del año 2006 dirigida al Procurador José María Borja, cuando sin estar aún posesionado como Presidente dio instrucciones de no designar el tercer árbitro a nombre del Ecuador; así como, deberá explicar las razones para no haber respondido por escrito el pedido del CIADI de aceptar o no el arbitraje.
El Presidente debió negar el “consentimiento” para el arbitraje y no lo hizo, permitió que el CIADI nombre en enero de 2007 el árbitro a nombre del Ecuador, designó como abogado del Estado a Alberto Wray pese a ser árbitro registrado en el CIADI en la demanda de Repsol contra el Ecuador.
El asambleísta además pide al Presidente Correa una explicación de por qué no ha impugnado la vigencia del Tratado Recíproco de Protección de Inversiones (TIB), cuyo plazo concluyó el año 2007, y por el contrario al haber reconocido el arbitraje en el caso Occidental acabó legitimando el tan cuestionado Tratado.
La ex Canciller María Fernanda Espinosa, deberá explicar a la Asamblea las razones para haber aceptado públicamente la validez del arbitraje de Occidental, y que el gobierno reconocerá el laudo sea cual sea; es más el haber anunciado que Ecuador pagará a la Oxy la indemnización.
El ex Procurador José María Borja, tiene la obligación de explicarle a la Asamblea y al país, sus actuaciones contradictorias: por qué aceptó la “disposición” de Rafael Correa, si aún no estaba posesionado como Presidente de la República, por qué cambió de criterio respecto al reconocimiento del CIADI; y además, por qué en un caso similar al de Oxy, como fue la firma de un Acuerdo de transferencia de derechos contractuales sin autorización ministerial entre Petrobrás y Teikoku, aprobó la transferencia generando la figura de trato discriminatorio, que fue invocada por Occidental en el CIADI.
El actual Procurador Diego García, tiene que explicarle a los ecuatorianos, por qué validó un peritaje en el cual se incorporan las reservas de los campos de Petroecuador Edén Yuturi y Limoncocha, como base para calcular el monto de la indemnización. Por qué el gobierno le ha otorgado contratos a ENCANA (Andes Petroleum), como el del bloque Tarapoa y campo Fanny 18B, si esa empresa fue beneficiaria del 40% de derechos del bloque 15 y acaba de ser compensada con la indemnización.
Así mismo, García debe responder por qué en diciembre del año 2008 dijo públicamente que el país reconoce el arbitraje y pagará a Occidental y ahora lanza la “cortina de humo” de la nulidad del laudo, cuando él y el gobierno en pleno están de acuerdo con pagar a la petrolera Occidental.
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