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El Secretario de Comunicación de Ecuador considera que la publicación que vulnera los principios básicos del periodismo ya que miente descaradamente a sus lectores. “Es evidente el afán de desprestigio al Gobierno Nacional ya que no hubo una investigación completa sobre los reales acontecimientos del país”, señala Alvarado en una misiva enviada a la revista Semana. “El artículo legitima las mentiras propaladas por los medios de oposición y prioriza las versiones de actores políticos travestidos de defensores o promotores del periodismo libre cuando en realidad no lo son”, agrega. Uno de los aspectos que precisa el funcionario de Gobierno es que el Código de la Democracia (ley electoral) no coarta la libertad de informar sobre los candidatos, ni limita el derecho de la sociedad a recibir información sobre el proceso eleccionario. Con esta ley se procura la equidad y la garantía del libre acceso a los medios de comunicación de forma no discriminatoria como un requisito previo para todo proceso democrático, subraya. El artículo 203 reza así: “Los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa e indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tiendan a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”. De esta forma, explica Alvarado, se evita un eventual desequilibrio para ciertos candidatos que estén fuera o dentro de las conveniencias de ciertos medios. Esta disposición rige 42 días antes de las elecciones y no meses previos como se afirma en el artículo de la revista Semana. Puntualiza que la norma regirá también para el presidente Rafael Correa, que no podrá emitir su informe semanal de actividades (Enlace Ciudadano). En la carta, el Secretario de Comunicación deja en claro que una de las fuentes de Semana, el coordinador del Programa para las Américas del Comité de Protección de Periodistas, Carlos Lauría, no vive en Ecuador y, pese a eso, ha realizado una intensa campaña de desprestigio contra el Gobierno del presidente Correa. Hace referencia también a otra fuente de la revista Semana, César Ricaurte, director de la organización no gubernamental Fundamedios, que recibe fondos de la USAID (Agencia de Cooperación norteamericana) para labores de desestabilización encubiertas de activismo ciudadano. Entre otras cosas, Ricaurte ha dicho que en los Enlaces Ciudadanos, a los que califica de innecesarios, el presidente Correa utiliza de cuatro a cinco horas para atacar a los medios y exhibir fotos de periodistas como si fueran criminales. El Secretario de Comunicación aclara que lo que tanto molesta al director de la ong es que en los Enlaces haya un segmento que rebate la falsa información. Casi mil aclaraciones en 284 Enlaces Ciudadanos no han podido ser impugnadas por los autores de esa información falsa y manipulada, puntualiza Fernando Alvarado. El funcionario señala además que las cadenas emitidas por el Gobierno están amparadas por la ley de Radiodifusión y Televisión. El reportaje de Semana señala que "que el presidente Correa se ha dedicado a regular los contenidos periódisticos con maniobras legales que le permiten castigar en forma expedita y discreta a los críticos de su gestión". El Secretario de Comunicación califica esa versión de manipuladora de la información sobre los procesos legales emprendidos contra periodistas y medios de información, y para comprobar su error minuciosamente explica cada uno de los procesos jurídicos que recoge el semanario colombiano. En el caso de la revista Vanguardia se informa que ese medio "no solo ha violado el derechos de sus trabajadores, sino que acarrea una serie de irregularidades; por eso el Ministerio de Relaciones Laborales procedió con las multas respectivas". También explica que el presidente Rafael Correa demandó por daño moral a los autores del Libro el Gran Hermano, porque ni en el texto ni en el proceso legal lograron comprobar que el Mandatario conocía los contratos de su hermano Fabricio Correa con el Estado. A pesar de que no se demostró esa versión, el presidente Correa decidió perdonar a los periodistas y no seguir con el litigio. Otro cuestionamiento al trabajo de Semana es por su versión de arrestos a ciudadanos por expresar su pensamiento político. "El Jefe de Estado no ha ordenado detener a ciudadanos por expresarse en contra suyo o de su gobierno como se vuelve a mentir en su artículo", dice el Secretario Nacional. El reportaje repite los casos de Marco Sovenis, Irma Parra y Germán Ponce, utilizados por la oposición para desacreditar al Régimen, casos que han sido aclarados en múltiples ocasiones. Fernando Alvarado dice que él también fue víctima de las tergiversaciones de Semana y aclara que nunca negó "bruscamente" una entrevista sino que fue él quien invitó a un encuentro amplio y sin límites de tiempo para tratar sobre la libertad de expresión en el país. Finalmente pregunta a los directores de Semana ¿Cómo se puede decir que el Gobierno del presidente Correa "tiene estrategias de control y represión de los medios privados, y que en Ecuador se reprime la libertad de expresión (...)? Y que respondan si ¿algún medio privado de Ecuador dice que el Presidente Rafael Correa restringe los contenidos? ¿Qué texto periodístico de cualquier genero se ha dejado de publicar porque el Presidente llamó a sus dueños para amenazarlos?. La respuesta es ninguno. 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