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El fetiche de los PhD convertido en razón estatal. El resultado está a la vista: retrasos, incumplimientos, pérdida de recursos, debilitamientos institucionales, incertidumbre. Las universidades han sido conducidas, por esta razón superior, a un limbo académico.
La política del Gobierno en el campo de la educación superior constituye un ejemplo de las dificultades que encuentra la revolución para materializar los sueños refundadores. Habría que preguntarse si las universidades están, cinco años después, mejor o peor que antes, si los rotundos diagnósticos de crisis, caos, corporativización y superpolitización, utilizados por el Gobierno para lanzar su intervención, han sido o no superados. El tema fue levantado por los rectores de las 10 universidades ubicadas en la categoría A, en una carta enviada el 8 de junio al presidente Correa. En ella, enumeran varios temas donde la reforma muestra sus costuras: 20 meses de retraso en la configuración de los órganos de consulta del sistema; 14 meses en la aprobación de los estatutos de las universidades y escuelas politécnicas; y año y medio de retraso en la definición de los criterios para distribuir los recursos y los incentivos. Además, han transcurrido cinco años desde la expedición de la constitución, y aún no se tiene la metodología para evaluar y acreditar a las 50 universidades del país y a las 3 000 carreras que ofrecen. A estos temas se podrían añadir otros: confusión en los tiempos, cambios en las reglas del juego y poco respeto a la llamada autonomía responsable, sin mencionar la política de ciencia y tecnología. El segundo gran problema de la reforma son los criterios que la inspiran. Menciono apenas uno: la exigencia a las universidades de contar con un 70% de profesores con título doctoral si quieren ser calificadas como de investigación. De acuerdo con el propio secretario del SENECYT, apenas el 2% de los profesores universitarios tiene título doctoral. Si bien el problema resulta dramático, la solución aparece irreal. Con una o dos excepciones, la enorme mayoría de las 50 universidades del país no calificará como universidades de investigación. El umbral del 70% resulta tan fuera de la realidad, que ni siquiera la Politécnica Nacional, con toda su trayectoria y prestigio académico, podrá ser calificada como universidad de investigación Para cumplir con el objetivo propuesto, el Ecuador tendría que formar en los próximos cinco años entre 12 mil y 20 mil doctores. Nadie sabe de dónde saldrán ni cómo se financiará su formación. El resultado que se anticipa es paradójico: la gran mayoría de universidades se dedicará a una docencia sin investigación. En lugar de crear mecanismos para desarrollar el sistema, fortalecerlo, se establece una barrera tan alta de exigencia académica, y tan difícil de cumplir, que, en conjunto, terminará reproduciendo las mismas debilidades que la reforma intenta corregir. Y el tercer punto, tan grave como los anteriores, es la poca disposición al diálogo. Salvo encuentros esporádicos, a las universidades se les impone las decisiones desde una razón ubicada por encima de intereses particulares y corporativos, según argumentan. El fetiche de los PhD –para seguir con la idea de Enrique Ayala- convertido en razón estatal. El resultado está a la vista: retrasos, incumplimientos, pérdida de recursos, debilitamientos institucionales, incertidumbre. Las universidades han sido conducidas, por esta razón superior, a un limbo académico. Fuente: Diario Hoy. Reproducción autorizada por el autor. Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, ingrese con su usuario y clave , o regístrese.
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Por Felipe Burbano de Lara
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