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Otra vez más, el país entero estaría envuelto en un nuevo ‘marasmo político’ del cual resulta cada vez más difícil salir airoso... Luis Villacís del MPD ha dicho que estaría en marcha un plan entre el Gobierno y el CNE para desaparecer a los partidos y movimientos políticos que derrotarían a Rafael Correa en las elecciones del 2013, que el MPD tiene 300 mil afiliaciones válidas y que e CNE es un ente descalificado integrado con personas que no tienen calidad jurídica, ni técnica, ni de imparcialidad, y que de acuerdo con el Código Penal quien sabe que se está cometiendo un delito y no lo evita es como si lo ocasionara, dura crítica que no ha sido desvirtuada ni por el CNE ni por el régimen, el cual estaría tratando de aparentar que ‘Alianza País’ también es una víctima más de las irregularidades detectadas en la recolección de firmas para reinscribir partidos y movimientos. El asambleísta Galo Lara de Sociedad Patriótica ha denunciado que Correa busca ganar las elecciones en primera vuelta eliminando a los demás partidos políticos, a los que acusa de falsificación de firmas sin darse cuenta de que la 35 tendría mayor porcentaje de firmas invalidadas por el CNE, con 480 mil firmas o 17.6%, calificando de mentiroso al presidente cuando habría afirmado que AP solo tenía el 5% de inconsistencias, en lo que sería una confusa ‘guerra de cifras’ que día a día van confundiendo más al electorado. La ex vocal del CNE Marcia Caicedo afirma que dicho ente perdió el control de falsificación de firmas, que las irregularidades se dan por la manipulación del sistema y que el proceso de revisión de firmas es ilegal e inconstitucional; las reiteradas denuncias de Álvaro Noboa de ser una víctima de la persecución política del régimen son elocuentes, mientras Lucio Gutiérrez mantendría su postura de un potencial fraude electoral en marcha para las elecciones presidenciales y de asambleístas del 2013 La crítica del ejecutivo al presidente del CNE Domingo Paredes diciéndole que ‘debieron tener más cuidado’ demuestra la inconformidad del régimen con el lío que se ha armado en torno a la recolección de firmas, a juzgar por lo expresado por Correa durante su discurso por el 10 de Agosto en la Asamblea legislativa, en el que ‘otra vez más’ acusó a la prensa de corrupta y a los partidos y movimientos políticos de contratar a las empresas privadas para recoger las firmas necesarias para reinscribirse y poder terciar en las elecciones. Sería muy interesante que antes de proseguir con esa postura acusatoria el gobierno nacional averiguara, investigara y se informara acerca de quienes siendo integrantes o simpatizantes de Alianza País, que hayan ejercido o estén ejerciendo ‘cargos públicos’ en los que hubieren manejado o estén manejando ‘empleados públicos’, los hubieren usado o los estuvieren usando en las distintas ‘campañas de recolección de firmas’ emprendidas por la lista-35, considerando que muchos de ellos habrían participado en los diversos actos de proselitismo político de mayor o menor grado que habrían sido reportados por la prensa nacional. Para tranquilidad de la ciudadanía y del país en general, el régimen bien podría pedirle a todos y cada uno de los empleados públicos del gobierno central que hubieren laborado y/o estén trabajando desde el año 2008 a la fecha, que rindiesen una declaración juramentada en la que afirmen si recogieron o no las firmas de adhesión, de afiliación o de respaldo en favor de Alianza País, ya que se supone que ningún partido o movimiento político tendría derecho de servirse del Estado en beneficio propio, lo que además de -inmoral- podría ser hasta ilegal e inconstitucional, puesto que el poder estatal sería comparativamente muy superior al de cualquier agrupación política contrincante en cuando a recursos de toda índole. Otra vez más se habría evidenciado la incapacidad administrativa del partido de gobierno para administrar racional y eficientemente la cosa pública, puesto que sería innegable e irrefutable la participación de la AP en el manejo del CNE, organismo en el que no tendrían cabida los integrantes de las demás agrupaciones políticas, circunstancia que los eximiría de cualquier responsabilidad en el manejo del proceso de revisión y calificación o verificación de las firmas requeridas para el registro de partidos y movimientos políticos, con el agravante de que prácticamente todas las tiendas políticas se sienten perjudicadas por la 35. El caos electoral estaría armado y en plena vigencia, en cuanto a la real legitimación de todas las firmas ya recogidas y de las que aún faltaren por recogerse, y existirían serias dudas de que en el cortísimo plazo de apenas 2 a 3 meses todas las firmas queden legitimadas, todo lo cual contribuiría a empañar este proceso electoral y consecuentemente -se generarían toda clase de protestas- una vez realizadas las elecciones del 2013, siendo probable que a última hora el CNE se viese obligado a postergarlas para Mayo o después, con el fantasma del ejercicio del poder mediante funciones prorrogadas. Otra vez más, el país entero estaría envuelto en un nuevo ‘marasmo político’ del cual resulta cada vez más difícil salir airoso… Otra vez más, el Ecuador ve alejarse su esperanza de progreso y bienestar general para toda su población, sumido en la tragicomedia politiquera que lo retrasa… Otra vez más, seguimos buscando verdaderos líderes cuya honestidad y capacidad sean lo suficientemente buenas como para administrar con eficiencia, sinceridad y rectitud el futuro de la patria. Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, ingrese con su usuario y clave , o regístrese.
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Por Roger Stagg
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