La organización Amnistía Internacional presenta hoy el estudio "Para que nadie reclame nada ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?", en el que se analizan la detención de 24 de dirigentes indígenas y campesinos, durante 2009 y 2010, y las califica como un uso arbitrario del sistema judicial ecuatoriano.

Los casos estudiados por Amnistía Internacional, una organización internacional que vigila el cumplimiento de los derechos humanos, son por cargos de terrorismo (16), sabotaje (11), obstrucción de vías (11) y uno por supuesto homicidio. Amnistía Internacional da cuenta de que 11 de estos casos aún permanecen con procesos abiertos.

"Las autoridades están usando el sistema judicial de Ecuador para reprimir a los líderes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado para evitar que protesten contra medidas que afectan a su medio ambiente y a sus tierras", dice el informe. 

El documento será presentado hoy en Londres, Reino Unido, donde Amnistía Internacional tiene sus oficinas principales. 

Tamary Nelson, la investigadora de Amnistía Internacional que hizo el informe en Ecuador, aseguró que "el hecho de que 24 líderes se enfrentaran a cargos dudosos en un periodo de 18 meses demuestra la existencia de un panorama preocupante, que está teniendo un efecto escalofriante sobre comunidades enteras que ahora se lo piensan dos veces antes de expresar su legítimas preocupaciones acerca de las medidas que les afectan".

Para Amnistía Internacional, el hecho preocupante detallado en su informe es que a menudo los dirigentes campesinos son sometidos a investigaciones de carácter judicial que, a su juicio, son infundamentadas, por lo que la organización deja entrever que se trata de una acciones de carácter político.

Para sustentarlo, Nelson toma el caso de los cargos imputados a Marlon Santi y Delfín Tenesaca, en junio de 2010, quienes fueron acusados de terrorismo durante la Cumbre de la Alba. "Los únicos indicios contra los activistas son un par de esposas extraviadas que un oficial de policía informó haber perdido", dice el informe.

El informe de 42 páginas tiene la información de cada uno de los procesos judiciales abiertos a los dirigentes campesinos investigados. "La política del Gobierno de continuar impulsando cambios sin llevar a cabo una consulta adecuada con las comunidades afectadas tiene el riesgo de situar a Ecuador en una dinámica de continuo conflicto social", explica la investigadora Tamaryn Nelson. (JRI)