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Pero la revolución ciudadana quiere ‘refundar’ una institución (que tiene más de 300 años y que ha sido uno de los elementos claves para el progreso de las principales economías mundiales) y ahora quiere convertir a todos los accionistas de una sociedad en responsables con todo su patrimonio de las deudas laborales que tenga la empresa. Porque ese es, exactamente, el objetivo del mencionado proyecto. Es una ley que refleja un profundo desprecio por la inversión privada. Es una ley que destruye cualquier incentivo para democratizar el capital. Es una ley que mataría la economía de cualquier país a no ser que se tenga una inmensa renta petrolera para mitigar los daños que puede producir. Es la ‘Ley para la Defensa de los Derechos Laborales’. Como muchas cosas en este mundo, este proyecto de ley puede estar lleno de buenas intenciones. Pero lo más probable es que sus efectos finales sean exactamente los opuestos a la defensa de los derechos laborales, porque -de aprobarse- desincentivará la inversión y lo que menos habrá será empleo (con lo cual se anula el primer derecho laboral, que es el derecho al trabajo). Este proyecto (calificado de urgente y que deberá aprobarse o negarse hasta el 3 de agosto), elimina un tema clave para la existencia de las empresas modernas: la separación entre personas y empresas. Las empresas modernas suelen requerir grandes cantidades de capital. Por eso, desde fines del siglo XVII existen las sociedades anónimas, en las que muchas personas juntan sus capitales para crear una institución distinta, una ‘persona jurídica’ que puede hacer cosas diferentes de las que podrían hacer las personas por separado. En una sociedad anónima, el inversionista ‘encarga’ a los administradores de la empresa el buen manejo de su capital y no está involucrado en el ‘día a día’ de las operaciones. Por eso el accionista tampoco puede ser responsable de lo que haga la empresa. Imagínese un caso extremo: usted invierte algo de su dinero en una empresa que luego quiebra y no paga sus obligaciones con el IESS. Usted, que nunca se metió a administrar la empresa, no va a responder con todo su patrimonio por la quiebra, sino solo con aquello que invirtió. Esa es, precisamente, la separación del patrimonio de las personas y de las sociedades. Por eso uno de los tipos de sociedades más comunes se llama ‘de responsabilidad limitada’ pues la responsabilidad del inversionista está limitada al dinero que puso en la empresa. Pero la revolución ciudadana quiere ‘refundar’ una institución (que tiene más de 300 años y que ha sido uno de los elementos claves para el progreso de las principales economías mundiales) y ahora quiere convertir a todos los accionistas de una sociedad en responsables con todo su patrimonio de las deudas laborales que tenga la empresa. Porque ese es, exactamente, el objetivo del mencionado proyecto. La empresa con más accionistas en el Ecuador tiene 10 030. Si se aprueba este absurdo, cada uno de ellos será responsable de pagar hasta el último centavo de las obligaciones con el IESS de esa empresa, en caso de que llegue a estar morosa. Y lo más absurdo: esas deudas pasan del accionista a sus herederos. Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, ingrese con su usuario y clave , o regístrese.
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Por Vicente Albornoz
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