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Los asambleístas Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa presentaron, ante el Consejo de la Judicatura transitorio, una queja en contra del conjuez de Garantías Penales, Richard Villagómez, por su “actuación improcedente”, al haber archivado la denuncia del caso 30-S y calificado la misma como “maliciosa” y “temeraria”.
Se acusa al conjuez Villagómez de no haber observado el conflicto de intereses generado por la participación del fiscal Galo Chiriboga, quien pidió la desestimación del caso. Los legisladores consideran que este hecho obedece a que el fiscal Chiriboga fue abogado del presidente de la República, Rafael Correa, y porque ellos, los denunciantes, impugnaron su candidatura en el proceso de selección de fiscal general del Estado, lo cual lo inhabilitaba a actuar, según lo dispone el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ética de la Fiscalía.
“El fiscal debía excusarse y el conjuez estaba en la obligación de advertir este hecho”, recalcaron los asambleístas en un comunicado.
El fondo de la denuncia se orienta a que el conjuez habría actuado contra disposición expresa, contemplada en la resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con fecha 3 de febrero de 2012, la cual establecía que la calificación de “maliciosa” y “temeraria” que hiciere de la denuncia, le correspondía hacerlo únicamente a los jueces de Garantías Penales, luego de un juicio, no en la fase de indagación previa, como solicitó el fiscal Chiriboga y aceptó el conjuez Villagómez.
“La Corte actuó con premeditada dedicación política en contra de los denunciantes, escuchando las voces del Ejecutivo, al reformar la citada resolución de febrero, disponiendo a los jueces, ahora sí, a calificar de maliciosa y temeraria la denuncia, ante un pedido de desestimación de la denuncia (realizado por Chiriboga). Pero se les durmió el diablo, por cuanto la modificación de la resolución entró en vigencia el 10 de mayo de 2012, un día después de dictado el auto por el juez Villagómez, que fue el 9 de mayo de 2012. En este sentido, el conjuez vulneró la resolución de la Corte y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, por lo tanto el fallo judicial es nulo”, sostuvo Fernando Villavicencio.
Los denunciantes presentaron una abundante documentación que vincula al conjuez Villagómez con algunos casos judiciales “irregulares”, tales como: haber sido objeto de una sentencia de la Corte Suprema, cuando en su condición de fiscal de Chimborazo, inició una acción penal en contra del exprocurador síndico del cantón Guano, Remigio Verdezoto, siendo lo procedente una acción civil. “Es decir que con el procedimiento doloso de Villagómez se sentenció a un inocente a 6 meses de prisión. Actualmente Verdezoto presentó un juicio en contra del Estado por daño moral”, agregan.
También se solicita al Consejo de la Judicatura investigar la gestión de Villagómez en la Fiscalía de Chimborazo, en especial una indagación previa establecida en su contra por supuestamente haber inducido a engaño a la autoridad, haber protagonizado un accidente de tránsito, huido del lugar dejando heridos y denunciado al día siguiente un falso robo del auto, para aparecer dos días después firmando una acta con los perjudicados. Los denunciantes sostienen que por este motivo, Villagómez fue separado de la Fiscalía provincial en el 2008.
“Se deja constancia y protesta en contra del propio Consejo de la Judicatura, por no haber advertido de esta oscura hoja de vida judicial de Villagómez durante el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia”, concluye el comunicado.
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