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El activista político Carlos Vera participó en la Conferencia Mundial “RightsCon: Rio”, en la que se analizaron las implicaciones de las tecnologías de información y comunicación (TICs) sobre los derechos humanos.
La conferencia tuvo lugar en Brasil, del 31 de mayo al 1 de junio, y fue organizada por Access en asocio con el Centro de Tecnología y Sociedad de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas. La discusión se efectuó en mesas redondas cerradas y paneles abiertos, en los que intervinieron desde emprendedores, ejecutivos e ingenieros hasta analistas de políticas públicas, representantes de Gobierno, activistas de los derechos humanos y tecnólogos.
Vera expuso el caso de Ecuador, donde a su juicio existen trampas desde el poder para coartar la libertad de expresión.
El activista sostuvo que conciliar el uso de la tecnología con los derechos humanos es un dilema que debe resolverse en democracia y con democracia.
“En dictadura, cualquier avance en este camino es en realidad un retroceso; siempre hay una trampa oculta o el poder concentrado lleva todo a eso: a una trampa. En regímenes totalitarios o autoritarios, como con eufemismo o cobardía algunos prefieren llamar ahora a los gobiernos que llegan por el voto pero se reeligen tras las botas, ocurre hoy eso (…) Dictadura existe cuando es un mito la independencia de poderes o el Ejecutivo mete mano en la justicia. Ambas condiciones se cumplen en el Ecuador”, sostuvo Vera.
Además, afirmó que países como Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina usan su fuerza para “avalar la corrupción del poder civil y así mantener o acrecentar su influencia o ser incluso parte del aparato de saqueo y sometimiento”.
Señaló que la pretensión de estos gobiernos por regular el uso de la tecnología moderna y cambiante en Internet con el pretexto de salvaguardar los derechos humanos, debe ser impedida o en su defecto escrutada con sospecha e inteligencia y reportada paso a paso a la comunidad internacional.
Vera citó el ejemplo de Estados Unidos, cuyos habitantes aceptaron, a raíz del 11-S, que su privacidad sea limitada y vulnerada a cambio de recuperar una parte de su seguridad, para decir que esa medida extrema, adoptada ante una amenaza extrema, pretende ser imitada y justificada por gobiernos que no enfrentan ese peligro. “En Ecuador el tirano Correa acusa y enjuicia por terrorismo a indígenas y ecologistas, no a miembros de Al Qaeda o las Farc”, puntualizó.
“Los pretextos que ponen atrás de cada regulación para justificar restricciones a la libertad de expresión que los desenmascara, son solo eso: pretextos. Y esos pretextos se convierten en doctrina: la moda se llama Socialismo del siglo XXI”, dijo.
Criticó que esa “doctrina totalitaria” se haya incorporado a la Constitución, que a pesar de contar con importantes avances, “lleva escondida una daga contra la libertad de expresión”.
“Luego, viene el siguiente paso: una Ley Mordaza que ejecute las generalidades de la Constitución a pretexto de que en el Ecuador hubo un festín en el otorgamiento de frecuencias y las normas están rezagadas ante el avance de la tecnología. Esa ley considera a la comunicación un servicio público y no un servicio al público”, aseveró.
Según Vera, la Ley de Comunicación plantea que cada sujeto debe responder igual que un medio, es decir que se considera a la persona un medio, por manejar una herramienta de comunicación masiva como Facebook, Twitter, Youtube, blogs y otras aplicaciones.
De esta forma, “confunden la organización formada y autorizada para el privilegio y la responsabilidad de ser un medio de comunicación con la persona en capacidad de difundir mensajes con mayor alcance que un medio de comunicación. Y le quieren imponer las mismas obligaciones y responsabilidades sin tener personería jurídica, jefe de redacción, editor, manual de estilo, redactores, investigadores”, sostuvo.
“Está claro a dónde van: a limitar o impedir su libertad de expresión, a la cual en cambio sí invocan cuando quieren que vote por lo que no conoce, o aplauda algo que no le consta o repudie y ataque incluso a alguien que no les favorece”, observó.
Recordó que 17 países democráticos hicieron 65 observaciones al Ecuador en la reciente reunión del Comité Especializado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, principalmente en el campo de la libertad de expresión. “Ello ha impedido que (la censura) se generalice por completo pero quieren encubrirla y justificarla con avances logrados por primera vez en grupos minoritarios y vulnerables como los discapacitados o las víctimas de enfermedades catastróficas”, dijo.
“Libertad de expresión existe en una sociedad cuando ejercerla no trae retaliaciones ilegales del Estado, llamado a garantizarla y no a coartarla”, concluyó.
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