Como epílogo de la  XI Conferencia Sudamericana sobre Migraciones que se efectuó en Brasilia en octubre pasado es foro regional en el que se abordaron temas como la condición jurídica, social y de integración de las personas que se encuentran en situaciones de inmigración en los países sudamericanos, es importante realizar ciertas puntualizaciones y llamados a los países de la UNASUR para continuar la lucha y establecer mecanismos idóneos para la erradicación de toda forma que implique discriminación, racismo y xenofobia, así como la firme decisión de perseguir la trata y el tráfico de personas, considerados problemas del alta gravedad social que en la actualidad  viven nuestros países alimentados generalmente por mercados ilícitos y poco éticos  como el narcotráfico y la prostitución.

El foro en referencia expuso con claridad y exhortó a los países de América del Sur a consolidar y desarrollar redes de integración en el derecho interno de cada país que promueva la reinserción, integración y libre participación de los migrantes en condiciones de igualdad y equidad, al mismo nivel de los nacionales.

Así también,  otro de los logros importantes que recoge el texto de la Conferencia, recae en la necesidad de que los Estados acepten los documentos filiatorios de registro civil y antecedentes personales emitidos directamente por los Consulados de las países donde se encuentran residiendo las personas migrantes, situación que sin duda pone de manifiesto la necesidad de eliminar etapas burocráticas innecesarias que se venían manteniendo en nuestros países, trayendo problemas  de toda índole a los requirentes que, por lo general, al ser trámites personales e indelegables, tenían que trasladarse hacia sus países de origen para recabar la documentación que les permita realizar ciertos trámites, como la obtención en ciertos casos de la residencia permanente,  la naturalización, o el acceso y la aceptación a un determinado empleo, situación que, al ser de carácter mandatorio, discrecional y condicional, contravenía disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que de forma evidente establece garantías y motiva a los Estados a generar normas que resguarden el derecho al trabajo sin condicionamientos ni discrimen.

El punto neurálgico a mi entender de la cita regional radicó en la necesidad de establecer lazos de identidad y construcción de la ciudadanía sudamericana, tal y como se expresa en el Tratado Constitutivo de la UNASUR, basado en políticas de integración, hecho que sin duda tomará un lapso perentorio hasta que los Estados bajo la voluntad política de sus gobiernos,  lleguen a incluir en sus ordenamientos jurídicos disposiciones que viabilicen de forma ágil y oportuna el establecimiento de sistemas públicos de integración.

La mejor manera de aplicar políticas inclusivas de largo aliento es a través de un ordenamiento jurídico que, en la práctica, trace la cancha estableciendo reglas claras que promuevan la migración y la residencia segura de los extranjeros en territorio nacional. Este sin duda es el talón de aquiles en el caso ecuatoriano, pues, a pesar de que somos un país de buenas prácticas, generoso y solidario en materia migratoria, nuestra política es “emocional” basada en la voluntad gubernamental de turno y, aunque la Constitución Política de la República del Ecuador dispone de forma expresa principios supremos al derecho de migrar, no contamos con una normativa interna de actualidad que, por un lado establezca lineamientos que promuevan y garanticen de forma práctica la lucha contra los delitos migratorios, y al mismo tiempo tipifiquen normas de aplicación para el abordaje de temas como la apatridia y el desplazamiento forzado, en un sistema macro estructural para la integración de migrantes, donde los organismos internacionales aporten su contingente enmarcados en una estructura nacional, y no de fuera como ideólogos de iniciativas a Estados aletargados o como voceros de alertas para apagar incendios.