Más allá de las afectaciones específicas que el proyecto de Ley de Comunicación puede traer, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (Aedep) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) están preocupadas por la norma en general: creen que, de aprobarse, podría restringir el libre trabajo de los comunicadores.

Sus representantes han leído el informe final elaborado por el asambleísta Mauro Andino (PAIS) y han detectado artículos que consideran inaplicables. Sin embargo, Diego Cornejo, director ejecutivo de la Aedep; Vicente Ordóñez, presidente de la UNP; y Guadalupe Fierro, vicepresidenta, prefieren referirse a las directrices de todo el proyecto. Y cuando evocan artículos (ver los recuadros) lo hacen únicamente como ejemplo de sus tesis.

Diego Cornejo cita una de ellas: el carácter punitivo. Hay artículos que, por ejemplo, prohíben difundir determinada información so pena de multas de hasta 20 salarios unificados. Es el caso del artículo 29 que determina que los datos personales no pueden ser publicados sin autorización expresa.

El problema de la aplicación de estas sanciones es la subjetividad con que pudiera ser juzgada la información difundida por cualquier medio de comunicación. Así lo dice Guadalupe Fierro de la UNP: "La ambigüedad es otra de las características del proyecto. Y eso, precisamente, representa un riesgo".

Según el informe del proyecto de ley es el Consejo de Regulación el encargado de juzgar ese tipo de temas y de imponer las respectivas sanciones administrativas. Pero en su integración, los consultados ven otra gran directriz del proyecto: la intención de controlar a los actores comunicacionales por parte del Ejecutivo.

Mauro Andino definió que el Consejo de Regulación estará integrado por un representante del Ejecutivo, otro de los gobiernos locales, otro de las facultades de Comunicación de las universidades públicas, otro de los Consejos de Igualdad y un último miembro de las organizaciones de comunicación. Los consultados creen, pese a que Andino lo niega, que esa representación será mayoritariamente afín al Gobierno.

En primera instancia, Cornejo señala que no se justifica que el Ejecutivo tenga un miembro en ese Consejo. No es facultad del Estado, según él, intervenir en los contenidos que difundan los medios. Vicente Ordóñez, en cambio, cree que los delegados de los gobiernos locales y de los Consejos de Igualdad también responderían al Ejecutivo. En particular este último, dice Ordóñez, y cita el artículo 157 de la Constitución que determina que los Consejos de Igualdad estarán presididos por representantes de Carondelet. Finalmente, Guadalupe Fierro considera que hay una intencionalidad de excluir a las universidades privadas del Consejo de Regulación. Y cree que al no especificarse cuáles son las organizaciones de comunicación que podrán optar por una representación, se deja abierta la opción de que se formen nuevos grupos afines al régimen y, por ello, logren integrar el Consejo.

El proyecto de ley propende igualmente a la autocensura: lo anota Vicente Ordóñez como último eje. Y cita artículos que, cree, abonarían en ese sentido. Es el caso del 23 que establece la responsabilidad solidaria de directivos, accionistas y representantes legales en caso de que, por alguna información difundida, se tenga que pagar una indemnización.

De momento, ni la Aedep ni la UNP han analizado participar en foros sobre el tema. Esta tarde, por ejemplo, se realiza uno en Quito organizado por la presidencia de la Asamblea y la Flacso. Diego Cornejo dice que, más allá de lo que se pueda debatir sobre este texto, la verdadera Ley de Comunicación saldrá del presidente Rafael Correa mediante el veto que imponga. Y con ese sello, dice él, lo más seguro es que los sectores involucrados deberán demandar su inconstitucionalidad tal como lo han hecho con las reformas electorales.

Gabriela Fajardo Suárez - Quito