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| viernes, 12 de marzo de 2010 05:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En 16 años de trabajo, Heraldo Loaiza Loaiza trazó una rutina difícil para un citadino. Viaja 60 minutos diarios en lancha, desde Hualtaco, población fronteriza con Perú, hasta la isla Chupadores, bajo el intenso sol que curtió su piel; se hizo inmune a las picadas de zancudos que lo esperan al llegar a su camaronera rodeada de mangle y lía una batalla con compradores que quieren pagarle menos. Esa es una vida normal para Loaiza. Pero algo ocurrió hace 15 días. Una circular enviada por los proveedores de alimento balanceado notificó a Loaiza y a los otros 109 socios de la cooperativa Asocam (juntos tienen 1.912 hectáreas) que los créditos estaban suspendidos para él y para el resto de camaroneros. Solo les venderían el producto al contado, pero con un incremento de $ 2 por saco de 50 libras. “Lo hacen porque dicen que somos un sector inseguro; todo por culpa de ese decreto”, lamentó.El problema lo genera el decreto 261, que limita la tenencia de hasta 50 hectáreas para personas naturales y 250 hectáreas para personas jurídicas, sin permitir relación con otros que superen esa superficie. Loaiza ya hizo cálculos entre su propiedad y la de un hermano y lo deja fuera de ese grupo, pero igual fue afectado. El temor a ser perjudicado es mayor para Marco Campoverde Palacios, propietario de 44 hectáreas, quien concluyó el proceso de regularización antes de que el plazo culmine, el 31 de marzo. Invirtió $ 25.000 en la construcción de viviendas de cemento con baños para los criadores y alimentadores de larvas; en la readecuación de estaciones de bombeo con seguridad para casos de derrame de combustible y mantenimiento; y sirvió para afiliar a sus trabajadores al IESS. “Estoy en regla”, advirtió. Pero aún así está intranquilo. En Hualtaco hay ocho miembros de los Campoverde, parientes de Marco: Norman, Gilmer, Florentino, Luis, Patricio, Vicente, Juan y Lilia, quienes completan las 152,52 hectáreas. Esto es penalizado por el decreto 261, firmado el 27 de febrero. “Cada uno tiene su hogar y responde por su trabajo”, aclaró Marco Campoverde, en desacuerdo de que la asociatividad sea castigada. Quien está al frente para tratar de calmar angustias es Wilson Gómez, presidente de la cooperativa Asocam. “En Hualtaco estamos los camaroneros más decididos a regularizarnos y a cumplir con la reglas que fije el Gobierno, pero sí necesitamos que nos confirmen si ese decreto va a quedar como está”, sostuvo. El martes anterior, el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro, indicó que en el documento ya no se mencionará la relación entre personas naturales de hasta 50 hectáreas, para evitar perjudicar al más pequeño. El anuncio solo calmará a los pequeños acuicultores cuando emitan el adéndum al decreto, mientras que para otros, como Santos Córdova Loyola, las declaraciones de Centanaro le generaron más intriga. Él ingresó al mundo acuícola a los 19 años a través de la compra y venta de crustáceos y hoy, a los 42 años, tiene otras propiedades. Córdova cultiva camarón en 49,50 hectáreas en Coco Beach, al pie del estero Los Chorridos. Esas tierras estaban abandonadas cuando pagó 4.500 dólares por cada hectárea, a fines de 2004. Esos 220.500 dólares no son una inversión menos fuerte que los 1.600 dólares que por hectárea invierte para cosechar 2.000 libras del crustáceo, dijo. Además es dueño de Delai S.A., una camaronera con 140 hectáreas que constituyó junto a esposa y dos hijos; y es socio con otra familia en la empresa Panmar, con 230 hectáreas. “Voy a registrar las camaroneras de Coco Beach en Delai, pero no sé qué pasará con Panmar”, destacó Córdova, quien no cree que sea un delito crecer personal y empresarialmente. Además del decreto 261, el 1391, de regularización, trajo complicaciones. Según Euclides Montesdeoca, camaronero de Hualtaco, el gremio propuso al Ministerio del Ambiente que les acepte tener una ficha ambiental en lugar de una licencia. ¿La diferencia? 14.000 dólares. Además pidieron reforestar mangle en zonas abandonadas y no en el 10% de los predios, como dispuso esa cartera de Estado. En caso de que Ambiente rechace la propuesta, pequeños acuicultores como Heraldo Loaiza deberán tener más de $ 30.000 para una licencia ambiental y para contratar una retroexcavadora. Los operarios de esta maquinaria cobran $ 2.000 para ingresar y salir de la isla. Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, ingrese con su usuario y clave , o regístrese.
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