Las diferencias surgidas dentro del bloque de Alianza País en torno al juicio del fiscal y entre el grupo de asambleístas que cuestiona a Pesántez y al presidente de la República, convertido en su principal defensor plantean serios dilemas morales en el movimiento de Gobierno.

En primer lugar, cabe preguntarse qué significa la declaración de Correa sobre la inconveniencia de un juicio político al fiscal. La sola afirmación levanta sospechas éticas. Si las acusaciones de los asambleístas son fundamentadas y contundentes, ¿cómo puede ser inconveniente el juicio político? Los casos de inmoralidad denunciados en contra del fiscal son motivo suficiente para que al menos el presidente guarde silencio. Pero Correa se ha vuelto un pragmático del poder; considera sus necesidades políticas por encima de las causas de justicia y moralidad. Las acusaciones en contra de Pesántez suenan contundentes. El asambleísta Paco Velasco las ha resumido con dos términos: nepotismo y redes de corrupción. ¿Cómo un presidente puede declarar la inconveniencia de un juicio político a un funcionario acusado de nepotismo y corrupción? O los asambleístas inventan sus denuncias o entre ellos y Correa se abrió un abismo ético y moral.

En segundo lugar, los claros abusos de poder del fiscal, evidenciados por el trágico caso de Natalia Emme, tampoco parecieran ser argumentos suficientes para cuestionar su continuación en el cargo. El caso mostró al menos tres manejos inadmisibles desde la Fiscalía: abuso de poder -Pesántez actúa como un nuevo rico del poder-, protección policial a la esposa del fiscal y unos fiscales provinciales más interesados en hacer méritos ante su jefe que en la misma Justicia. Desde la filosofía de la revolución ciudadana, el abuso del poder debería resultar inaceptable; muestra, de manera penosa, de que, en algunos aspectos claves de la vida política, el país no cambió absolutamente nada en tres años. Más aún, podría decirse que hoy la revolución protege y ampara los abusos del poder por conveniencia política.

El caso Pesántez interpela a toda la revolución ciudadana más allá incluso de los esfuerzos desplegados por el grupo de asambleístas para enjuiciarlo políticamente. El fiscal es un producto de los plenos poderes de la Asamblea Constituyente. Han pasado tres años desde su designación; solo cuando se produjo la muerte de Natalia Emme, los asambleístas voltearon a ver a la Fiscalía para encontrarse con una red de corrupción. Hoy, admiten falta de investigación previa sobre Pesántez. ¡Cuánta ligereza política en nombre del cambio! Pero hay más. El caso Pesántez muestra que, cuando se despliega una acción fiscalizadora sobre el poder político, se encuentran zonas descompuestas. ¿Qué pasaría si la acción fiscalizadora se llevara a otros campos? Incómoda situación para Alianza País. La simple conveniencia política del Régimen se ha puesto en contra de principios de justicia y moralidad.

Fuente: Diario Hoy. Publicación autorizada por el autor.

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Comentarios (2)

	1. 09-03-2010 11:23
	DOS GOTAS DE AGUA DOS TIPOS QUE HARIAN LAS DELICIAS DE UN PSIQUIATRA !!!FALSOS,EMBUSTEROS,TREPAS,VIVIDORES/ AS/,REPUGNANTES,AMANERADOS,AFEMINADOS,NARCISOS QUE DAN ASCO.POR DIOS,EN MANOS DE QUE GENTUZA ESTAMOS !!!!!! AH,Y LADRONES Registered

MONTUBIO

	2. 09-03-2010 13:37
	toda la razòn Montubio Asì es dos gotas de agua unidos con infinito amor.  falta añadir rififis,filibusteros.  Si cae este renegado de su raza con ambiciòn de mestizo, se quedarà el reyezuelo del frente 48, solito, serà un terremoto y un tsunami en su madriguera de alianza paìs. Registered

Luis Sanchez Castillo

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