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| viernes, 05 de marzo de 2010 06:06 | ||||||||||||||||
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Según el ministro, solo así podrá renegociar su contrato de concesión por los servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad, el cual se firmó hace nueve años y se extiende hasta el 2031. Esta fue una de las condiciones que el Gobierno impuso para que la concesionaria pueda continuar sus operaciones, lo cual se determinó en las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado y el Miduvi que se hicieron públicas el pasado 14 octubre de 2009.Hay otros puntos que, según el titular de esa cartera, aún se analizan, como su implementación en mesas de trabajo convocadas por la Ecapag (Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado). “Allí determinamos el valor de la tarifa social, que dista mucho del que Interagua cobra en promedio, que es de US$ 0,46”, afirmó. El Ministro de Vivienda manifestó que el 26 de febrero y 1 de marzo pasados sus delegados se reunieron con directivos del ente regulador, para dicha renegociación, cuyo proceso se prevé que culmine el 15 de marzo. Andrés Mendoza, presidente del directorio de la Ecapag, confirmó el desarrollo de tales reuniones donde participaron Hernando Subía, subsecretario de Saneamiento y Agua Potable del Miduvi, y Juan Ramón Jiménez, director jurídico de la Ecapag. No obstante, Mendoza señaló que solo hasta la próxima semana se pronunciará sobre este tema. La auditoría, que se cumplió según lo estipulado en la Constitución -en su transitoria vigésimo sexta-, a las empresas de agua potable Amagua Cem (Samborondón), TripleOro (Machala) e Interagua (Guayaquil), encontró, en el caso de esta última, distorsiones en el cálculo de las tarifas por el servicio y ausencia de una de tipo social. De su parte, Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, recalcó que aunque no puede pronunciarse sobre los cambios en el contrato, la operadora sí posee una tarifa subsidiada, por debajo del precio promedio de US$ 0,46. Su monto fluctúa entre US$ 0.27 y US$ 0.37, que se grava al 80% de Guayaquil y que, según mediciones, es la población que consume entre 15 y 30 m³ al mes. A este grupo, explica Florsheim, se aplica el subsidio cruzado, es decir que aquellos que más consumen -las industrias- subvencionan el pago de los consumidores menores. Otro tema en análisis, destacó Solís, es la ausencia de multas, a partir del segundo quinquenio de labores de Interagua, en el caso de incumplimientos de inversiones con fondos propios. Asimismo, la reducción de las pérdidas de agua que se generan en la distribución. El informe de Contraloría detectó que en Guayaquil se producen 354’530.521 m³ de agua, pero se facturan 122’596.497, lo que representa apenas un 34,6% del total producido. Lo que afecta el costo del metro cúbico comercializado, el cual se incrementa. Además, detalla el informe, el contrato de concesión no contiene la exigencia de un plan para disminuir este porcentaje hasta llegar a niveles aceptables para el país. Las mencionadas reformas son las que el Gobierno contempla para el nuevo convenio. De igual manera, la disminución de las pérdidas a un valor no superior al 30%. Aparte, el que Interagua, en sus nueve años de concesión, solo haya tratado el 11% de las aguas residuales -su meta hasta 2009 era del 20%- fue otra observación que determinó la auditoría. También que la inversión por este servicio, hasta junio de 2009, fue de US$ 43’165,806.54, un valor muy inferior frente a los ingresos recibidos, los cuales fueron US$ 160’ 543,167.38. De ahí que se recomendó priorizar el financiamiento en sistemas de tratamiento de aguas servidas y evitar efectos nocivos para el ambiente. En ese tema, Solís reiteró su apoyo y anunció la aprobación de un crédito por US$ 17 millones del Banco del Estado para obras de alcantarillado pluvial. Para efectivizar este desembolso, dijo, la Ecapag aún espera la decisión del Concejo Cantonal. Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, ingrese con su usuario y clave , o regístrese.
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