El Gobierno  observó ocho de los 35 artículos del proyecto, así como dos disposiciones transitorias, una general y seis derogatorias y reformatorias.

El Pleno de la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre el veto parcial, ya sea allanándose a las observaciones del Ejecutivo o con la ratificación del texto originalmente aprobado por la Asamblea.

Entre otras observaciones se propone que el Ministerio Sectorial con competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información sea quien defina las políticas y principios para la organización y coordinación de las acciones de intercambio de información y de base de datos entre los organismos e instancias de registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

La actividad de registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados, de conformidad con las políticas emanadas por el Ministerio de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Se establece el plazo de tres años (el texto original prevé solo dos), contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que las instituciones del sector público y privado que posean información pública se integren al Sistema Nacional de Registros Públicos.

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