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La ciudadanía acogió favorablemente la campaña “Leyes para el país que soñamos”, que desarrolla la Asamblea Nacional en las diversas ciudades y provincias del país, con el fin de que la ciudadanía exponga sus principales problemas y qué leyes considera deben ser tratadas y aprobadas por la Función Legislativa.
Esta jornada de contacto directo con la gente fue bien recibida por los y las ciudadanas, pues diariamente alrededor de mil personas se acercan a las carpas que se hallan instaladas en las diversas provincias para presentar sus inquietudes y sugerencias sobre la normativa legal que les ayudará a solucionar sus problemas y necesidades.
La mayoría de personas que han participado en esta campaña requiere una ley que garantice la seguridad y combata de manera más efectiva a la delincuencia.
Además sugieren estudiar una ley que genere puestos de empleo, para lo que consideran necesario dinamizar el crédito, no solo a través del sistema financiero tradicional, sino fundamentalmente de las mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito.
El mejoramiento de la educación, especialmente en los niveles secundario y superior también requiere la aprobación de la normativa legal correspondiente, a criterio de la ciudadanía.
Otro aspecto que preocupa a la gente es el sistema de seguridad social, por lo que plantean la necesidad de expedir una ley que mejore los servicios de salud y de pensiones y se preocupe de los adultos mayores.
El Legislativo, para iniciar este proceso de consulta consideró que la democracia se ha reducido al ámbito electoral, en donde cada cuatro años los ecuatorianos somos convocados a las urnas, pero lo fundamental es generar mecanismos para garanticen la participación activa de la ciudadanía en el diseño de una agenda de política públicas, en este caso, una agenda para los próximos tres años y medio.
Con este criterio, la Asamblea no se ha limitado a abrir sus puertas para recibir a la gente, escuchar sus propuestas y sugerencias sobre los diversos proyectos que allí se debaten, sino que se ha trasladado a las provincias para conocer de cerca sus necesidades, inquietudes y recoger sus iniciativas que ayudarán a aprobar las leyes que necesitamos para construir el país que soñamos.
Con la nueva la Constitución, aprobada en Montecristi, las ciudadanas y ciudadanos que están en goce de los derechos políticos y las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por los menos el 0.25 por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral no solo que están habilitados para presentar proyectos de ley, sino que y pueden participar en el debate el Pleno personalmente o por medio de sus delegados, para fundamentar o defender sus propuestas.
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