Diario El Comercio de Quito
Graves falencias en el cierre de bancos
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martes, 09 de febrero de 2010 05:51
La veeduría que vigila la liquidación de 33 entidades financieras   encontró serias falencias en  el proceso de cierre.

El informe ejecutivo de la veeduría concluyó que no hubo balances suscritos de los responsables, cuando las instituciones pasaron a saneamiento y liquidación. 10 de los 33 bancos más emblemáticos de la crisis de 1998-1999  pasaron a liquidación por decisión de la Junta Bancaria  el 6 de junio de 2008.

También se encontraron bienes sobrevalorados en el momento de su recepción o subvalorados al venderse. Además de que muchos de los bienes tenían  medidas cautelares emitidas por las mismas entidades estatales, como: AGD, IESS, CFN, SRI, ISSFA.

Ese es el caso de la hacienda La Hacienda Ancholag del Banco de los Andes en liquidación.

Según Felipe Balladares, presidente de la Junta de Acreedores, hay una  sobrevaloración de USD 4 millones. Ha salido  a remate público en dos ocasiones al 100 y 80% de este valor   y nadie se ha interesado. Hace unos días se logró que el IESS levante el embargo y ahora se busca venderla para pagar a los clientes perjudicados.

El avalúo municipal  de la hacienda,  a decir de Balladares,  es de  USD 1 300 000.

Gastón Bolaños, presidente de la veeduría, explicó que desde septiembre pasado que inició su labor, no se transparenta a la ciudadanía  la información de  las incautaciones que realizó la AGD.
 
Ni la Superintendencia de Bancos ni la AGD, ahora Ministerio de Finanzas,  han informado sobre qué tipo de bienes se incautaron, quiénes son sus accionistas ni el valor en libros. Tampoco se conoce la situación de los  fideicomisos de Fodebasa, AFPB, CFN-AGD, No más impunidad, entre otros.

Los pedidos de información que ha hecho Bolaños a las autoridades  no han tenido respuesta.
Por otra parte, el informe de la veeduría también destaca que hasta la fecha, la Superintendencia de Bancos no exige a los liquidadores la emisión de títulos de crédito a los ex
accionistas,  funcionarios, ejecutivos, liquidadores  y autoridades que hubieren causado perjuicios a las instituciones en liquidación.  La veeduría  calificó de ineficiente la liquidación por parte de administradores temporales y liquidadores.

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